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Evas al Sur: blog de la mujer cienfueguera

Hablando de Género

LAS MUJERES PUERTORRIQUEÑAS SON MÁS VULNERABLES A LA POBREZA

En todos los documentos internacionales sobre el tema, se dice que la pobreza tiene rostro de mujer, pero en Puerto Rico ni se habla del asunto, apuntó la profesora Martha Quiñones, de la Universidad de Puerto Rico. Viene de una isla hermana, en la que se ceba una injusticia ya centenaria. Una garra que tiene entre sus presas, de modo muy particular, a la mujer. La mujer puertorriqueña, a pesar de que se cumple lo que estipula el Banco Mundial en cuanto a garantizar más educación —y es una mujer que ha recibido educación—, se mantiene en circunstancias de pobreza. Es que no se trata solo de dar educación, sino de cambiar las estructuras. Es importante lograr el acceso al poder, que las mujeres diseñen las políticas de equidad, de combate contra la pobreza, y que evalúen cuán efectivas son, pues hasta el momento, estas son diseñadas por hombres. Quienes conocen sus propios problemas, pueden resolverlos mejor que quienes los ven desde otra perspectiva. Usted afirma que en Puerto Rico incluso las mujeres trabajadoras son pobres. ¿En qué forma se expresa esta pobreza? Por ejemplo, en la vulnerabilidad de los empleos. Las mujeres se sienten inseguras porque continuamente están bajo la amenaza de quedarse en la calle. Es problemático, pues una mujer que trabaja, percibe un salario, mantiene a la familia, pero la mayoría de ellas están solas, y no cuentan con otras fuentes de ingreso adicional. Entonces son vulnerables por la posibilidad de perder el empleo. Así, aceptan que sea sin contrato, sin participación sindical, con tal de conservarlo. Y eso las mantiene en situación de pobreza, sin contar que sus salarios son menores que los de los hombres. Están mejor educadas, tienen trabajo, pero son pobres. ¿Influye en esta condición el estatus colonial de la isla? Sí, porque las políticas las diseñan en EE.UU. Todas las que aplicamos en Puerto Rico, ya sea de igualdad de género o de participación laboral, vienen de allá. Estamos excluidas entonces de cualquier decisión. Si acaso interviene alguna mujer, tiene que ser una que vive en EE.UU., que no necesariamente conoce ni ha vivido en Puerto Rico, y que ignora las condiciones de la familia puertorriqueña. O sea, están en condiciones de subordinación dentro de un territorio subordinado... ¡Es un doble coloniaje! No es tan solo que en Puerto Rico son los hombres quienes manejan los conceptos de la política —también hay mujeres que lo hacen, no se puede negar—, sino que las políticas se determinan en EE.UU., y es en Puerto Rico donde se aplican. No tenemos la posibilidad de evaluarlas, ni de aportarles mejoras, pues nunca nos van a consultar. Y ahí vienen las dificultades: ¿cómo las mujeres vamos a superar las condiciones de pobreza, si no tenemos participación en la elaboración de las estrategias que inciden en nosotros? ¿Existen iniciativas para revertir la situación? Se van dando algunos procesos. En áreas comunitarias las mujeres se están organizando en círculos de trabajo, para poder ser dueñas de los medios de producción, y organizan las microempresas que quieren desarrollar. Tienen la limitación principal de que el capitalismo, cuando ve potencialidades, tiende a destruir las microempresas, porque es parte de su lógica: el oligopolio destruye y saca del juego toda competencia; pero en ese pequeño espacio estamos aportando y ayudando a cada una de estas mujeres. El apoyo principal es llevar adelante esas iniciativas, hacer que funcionen, para demostrarles al gobierno y los que hacen las políticas públicas que desde la base podemos construir una mejor sociedad.

Nicaragua: El derecho de nacer versus el derecho a la vida

Néstor Marín*, serviex@prensa-latina.cu

Mujer embarazadaManagua (PL).- Con la penalización del aborto terapéutico en octubre pasado, Nicaragua se convirtió en el quinto país, de los 193 que conforman las Naciones Unidas, donde está prohibido interrumpir el embarazo, aún cuando ello implique la muerte de la gestante.

Sólo en Chile, El Salvador, Honduras, El Vaticano, y ahora en Nicaragua, tanto los médicos como las mujeres corren el riesgo de ir a la cárcel por infringir esa ley.

En el caso de esta última nación, la medida fue aprobada en medio de la pasada campaña electoral, lo que llevó a sus detractores a acusar a la Iglesia Católica local de oportunista.

Ninguna de las dos fuerzas políticas mayoritarias en ese momento en la Asamblea Nacional -léase el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)- se atrevió a afrontar el costo electoral que pudo haber significado oponerse a la penalización del aborto terapéutico.

A nivel de la sociedad existe, sin embargo, un gran debate, no exento de confrontación, entre los que están de acuerdo con la prohibición y los que abogan por la restitución de una figura jurídica que estuvo vigente en el Código Penal desde 1891.

Según una encuesta de la empresa CID Gallup, divulgada a finales de febrero pasado, el 55 por ciento de los nicaragüenses está a favor del aborto en caso de que el embarazo represente un riesgo para la vida de la madre.

La mayoría del gremio médico comparte la opinión de los grupos feministas y organizaciones de derechos humanos, de que con la penalización de la interrupción de embarazo por razones de fuerza mayor, Nicaragua volvió al Medioevo.

No estamos de acuerdo con que se haya penalizado el aborto terapéutico, advirtió recientemente la Federación de Médicos Pro Salarios.

Las declaraciones de esa organización, integrada por alrededor de tres mil galenos, apuntalan la posición de la Sociedad de Médicos Gineco-Obstetras de Nicaragua, la cual exige el restablecimiento de la añeja práctica.

Los ginecólogos y obstetras nicaragüenses cuentan también con el apoyo de sus colegas del resto de Centroamérica.

El aborto terapéutico es un procedimiento de necesaria existencia en la práctica de nuestra especialidad ya que salva vidas y evita complicaciones médicas severas en mujeres, aseguraron médicos centroamericanos en un reciente congreso celebrado en Managua.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, aún no se pronuncia sobre el recurso de amparo presentado por varias organizaciones de la sociedad civil, inmediatamente después de derogada la figura jurídica por el Parlamento.

La nueva legislatura, que se instaló en el hemiciclo parlamentario en enero pasado, tampoco tiene interés en abordar el escabroso tema por temor a entrar en conflicto con los influyentes líderes religiosos locales.

La Asamblea Nacional debate, desde hace varias semanas, un nuevo Código Penal, pero el capítulo relativo al aborto terapéutico no será discutido hasta agosto próximo.

Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) teme un incremento de las muertes maternas como resultado de una medida digna de los mejores tiempos de la Inquisición.

Al prohibirse la atención integral del aborto terapéutico, se tendrá un considerable incremento de los abortos clandestinos en condiciones inseguras, alertó la OPS.

*El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua.

AMÉRICA LATINA: MUERTES SILENCIOSAS


 Los asesinatos de mujeres y niñas aumentaron en América Latina y el Caribe en las últimas décadas y cada vez son más cruentos los signos de violencia en los cadáveres de las víctimas. Estas muertes, identificadas de forma indistinta como feminicidios o femicidios, representan el punto extremo de una situación caracterizada por la violación sistemática de los derechos de este sexo y constituyen uno de los problemas más graves en la región. El asunto apenas comenzó a visibilizarse a partir de 1993, cuando empezó la secuencia de crímenes de este tipo en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, México, pero las cifras prueban la expansión del problema por el subcontinente. Aunque las defensoras de los derechos del sector coinciden en que las cifras son escasas y fragmentadas en cuanto a generocidios- como también identifica estos hechos la abogada dominicana Susi Pola-, permiten acercarse al fenómeno. La Red de Mujeres de Nicaragua consideró que en estadísticas de esta naturaleza deben incluirse también los suicidios de mujeres, porque detrás de las decisiones de las víctimas subyacen casi siempre los traumas por los maltratos recibidos en el hogar o a nivel social. Datos del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer reflejan que en los últimos seis años, Guatemala acumuló más de dos mil 500 asesinatos de mujeres; El Salvador, más de mil 530; Nicaragua 269 y Honduras, 603 entre 2004 y 2006. Los victimarios en estos países apelaron de forma indistinta a la asfixia, decapitación, estrangulación, torturas y violaciones para terminar con las vidas de esas mujeres, según el organismo internacional.  República Dominicana, una de las naciones caribeñas marcada por la violencia de género, registró 158 crímenes contra mujeres en 2006, de acuerdo con estadísticas difundidas. El Instituto Nacional de la Mujer en Costa Rica, a su vez, contabilizó desde 1995 más de 300 feminicidios y un ascenso de la criminalidad contra este grupo poblacional. En Brasil, la Comisión de Seguridad de la Mujer registró 300 asesinadas sólo en el primer semestre de 2006 en Río de Janeiro y 24 mil 176 casos de agresiones que no terminaron en muerte, pero sí en lesiones corporales. Mientras, el Instituto de Medicina Legal salvadoreño asegura que cada mes son asesinadas 35,7 por ciento como promedio, al mismo tiempo que las autoridades alegan que carecen de información suficiente para determinar si existen patrones específicos de violencia de género. También el Defensor de los Derechos Humanos de Honduras Ramón Custodio, admitió que en ese territorio el 70 por ciento de los responsables de las muertes violentas de estas quedaron sin castigos. Su par en Guatemala, país que ocupa el segundo lugar a escala mundial respecto a feminicidios, contabilizó más de 80 mil denuncias por diversos tipos de violencia intrafamiliar en 2005.  Rebeca Grynspan, directora regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, precisó que entre el 30 y el 45 por ciento de las latinoamericanas padecen de violencia física, sexual o sicológica, lo cual implica un costo del dos por ciento del Producto Interno Bruto.  La violencia contra la mujer es el delito más común pero menos castigado del mundo, declaró el Secretario General de ese foro Ban Ki Moon.  De igual modo, por lo menos una de cada tres mujeres fue golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o maltratadas de otro modo a lo largo de su vida por un miembro de su familia o algún conocido.  Los estudios demuestran también la relación entre la violencia contra la mujer y la expansión del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida: las infectadas suelen haber sufrido violencia y las que padecieron maltratos, corren mayor riesgo de contraer el virus, opinó.  Patrones culturales androcéntricos, sistemas socioeconómicos ligados a la discriminación en todos los órdenes y otros factores influyen en la tendencia al alza de esta problemática. Las costarricenses lograron un paso de avance el 12 de abril de 2007 con la aprobación de una Ley de Penalización contra la Violencia Doméstica, coincidieron representantes de estos organismos, mas admitieron que no es suficiente para erradicar el mal. (PL)